Ya en 1873, cuando Buenos Aires establecía su primera Constitución provincial, confiaba la administración de la educación a un Consejo General de Educación y a un Director General de Escuelas que debía ser nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
Dos años después, la ley 988, que reglamentaba la educación común, determinaba que la administración General de las Escuelas estaría a cargo de un Consejo General de Educación y de un Director General. También se fijaba que a ese Consejo lo integraría un director que lo presidirá y ocho personas más.
La Constitución de 1889 mantuvo las atribuciones del Poder Ejecutivo para nombrar al Director General de Escuelas y, con acuerdo de la Cámara de Diputados, a los miembros del Consejo General de Educación.
Ya en el siglo XX, la Constitución de 1934, ratificaba la existencia y funciones del organismo. Fue a partir de 1952, que se dispuso que los bienes de la Dirección General de Escuelas, del Consejo General de Educación, de los Consejos Escolares y del Instituto Autárquico de Colonización fueran transferidos al fisco de la Provincia.
Entre 1949 y 1955 se reemplazó la Dirección General de Escuelas por el Ministerio de Educación.
Entre 1958 y 1963 se mantuvo esa denominación, pero se agregó la Dirección General de Escuelas sin el Consejo General de Educación.
En el período democrático 1963-1966, por ley 6749 de 1964, se restauró la Dirección General de Escuelas con el Consejo General de Educación, pero siguió existiendo el Ministerio de Educación para la educación media y superior.
Entre 1966 y 1973 se suprimió el Consejo General de Educación, aunque continuó funcionando el Ministerio de Educación y la Dirección General de Escuelas.
Entre 1973 y 1976, con el gobierno democrático, se estableció el Ministerio de Educación como única estructura de conducción. La situación se mantuvo durante el período de la dictadura militar, entre 1976 y 1983.
En 1984 la ley 10.236 restableció la Dirección General de Escuelas y Cultura y el Consejo General de Educación y Cultura. En tanto, diez años después la Ley de Educación Común, volvió a la denominación de Dirección General de Cultura y Educación.
